Las manifestaciones y concentraciones de los empleados públicos municipales del Puerto de la Cruz darán paso a una huelga de hambre si el Gobierno de CC y PP
no rectifica en su decisión de aplicar el paquete de medidas económicas extraordinarias aprobadas por la mayoría del pleno de la Corporación el 29 de diciembre del pasado año y que se concretan
en la drástica reducción de sueldos y derechos sociales. Desde un primer momento la mayoría de la plantilla de trabajadores y funcionarios chocó frontalmente con las pretensiones del equipo de
gobierno que preside Marcos Brito de acometer un ajuste económico en la administración local con vistas a reducir el capítulo de gastos y hacer frente a la delicada situación financiera y déficit
estructural que sufre el consistorio desde hace décadas y garantizar, al menos, el pago de los salarios de la plantilla, que según estimación oficial supera los 400 empleados públicos entre
funcionarios y personal laboral.
En medios del Gobierno municipal se ha apuntado que con la aplicación de estas medidas se podría generar un ahorro superior a los dos millones de euros, aunque tal suma está sujeta a variaciones en base a los estudios que realice el departamento de Hacienda. Así las cosas, la administración local ha puesto como condición indispensable para entablar una negociación que la representación sindical de los empleados públicos retire la demanda ante los tribunales contra la suspensión del convenio colectivo, cosa a la que aún no han accedido, lo que deja en un punto muerto cualquier salida a la crisis iniciada a comienzos de enero. Hasta hoy se han sucedido cuatro concentraciones frente a las casas consistoriales de una hora de duración los lunes por la mañana y una manifestación sin que ello haya dado lugar a un cambio en las posiciones entre las partes y todo, apunta, de mantenerse las posturas inflexibles, a que el conflicto se podría agudizar y derivar hacia planteamientos más contundentes, como la aludida huelga de hambres.
El representante de la Central Sindical de Funcionarios (CSIF) Manuel González señaló que hasta el momento no se ha avanzado nada pese a las movilizaciones. Explica que “la administración sigue en sus trece desde que denunció los acuerdos con los funcionarios y el convenio con los trabajadores y desde entonces no nos ha requerido para formar la mesa de negociación. El Gobierno municipal se ha limitado a aprobar el paquete de medidas económicas extraordinarias un mes después de la denuncia de los citados acuerdos”.
Aclara que “la administración quiere continuar adelante con los recortes, por los indicios que apreciamos en todo este tiempo, porque, al parecer le viene muy bien, a los efectos de una campaña electoral”.
Advierte que “si se mantiene esta situación inflexible por la administración local no descartamos emprender una huelga de hambre o cualquier otra medida de presión ajustada a derecho o que la ley ampare”.
POLÍTICA DE COACCIÓN
La representación sindical de los trabajadores responsabiliza al Gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular de aplicar una política de coacción en este conflicto, como queda acreditado por la denuncia de los acuerdos con los funcionarios y convenio colectivo con los trabajadores y la consiguiente aprobación de un plan de ajuste económico en la administración desprovisto de un programa de saneamiento y de mejora de la eficiencia recaudatoria.
González insiste en señalar que hasta la fecha, los regidores locales no piensan retroceder en cuanto a lo dispuesto por acuerdo plenario que se impusieron los recortes. Asimismo, valoró la capacidad de convocatoria de la manifestación de la semana pasada, que según sus datos sobrepasó las 1.200 personas en su trayecto desde el Centro Comercial de San Felipe-El Tejar hasta la plaza de Europa.
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