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La presunción de inocencia constituye uno de los pilares básicos del Estado de Derecho en cualquier sociedad democrática y civilizada, que muchas veces se ve alterada cuando fallan los mecanismos y procedimientos de verificación e investigación de un posible delito, falta o irregularidad, o simplemente, es tal el grado de criminalidad en que nos hallamos inmersos, en que pasamos a convertirnos en ciudadanos bajo sospecha permanente. Los lamentables hechos recientes ocurridos en Tenerife vienen a demostrar, al menos, así lo pienso, personalmente, que el tránsito del “habeas corpus” hasta la puesta a disposición de la autoridad judicial por cualquier causa penal, nos troca en “culpables hasta que no se demuestre lo contrario” y no al revés. La Constitución Española, con todo respeto, se me antoja papel mojado, no sólo en este dramático asunto que pudiera afectar a muchos ciudadanos, sino en otros igualmente sangrantes y lamentables.