LA RANILLA

LA RANILLA.NET reproduce en su totalidad un comentario del director de la emisora MEGA LATINA, Javier Zerolo, en el que advierte sobre las intenciones del Gobierno Socialista de España de clausurar las emisoras de radio sin licencia.

No estamos solos

Por Javier Zerolo*_____________

COMO SI LA DICHOSA crisis no fuera bastante para las empresas de radiodifusión locales, ahora quieren

cerrar definitivamente las radios que emiten sin licencia en toda España. La maniobra es del PSOE

con el voto a favor de CC (también CiU y ERC), en el Congreso de los Diputados, donde la pasada

semana se aprobó la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA). Aunque todavía falta el

trámite del Senado -será en febrero-, la normativa se va a aplicar y dispone la creación de la

Agencia Estatal de Radiocomunicaciones, una propuesta de Ana Oramas, el organismo que va a

cerrar las emisoras.

En Canarias hay unas 200 empresas de radiodifusión, o particulares, de carácter local. Ocupan

alrededor de 350 frecuencias, según datos que ha podido recabar Radican, la Asociación de Radios

Independientes de Canarias creada hace siete años y que tiene como principal reivindicación la

solicitud de que se convoque el concurso de frecuencias. Están en juego unos dos mil puestos de

trabajo directos y cientos indirectos, de empresas suministradoras, asesoras o de instalaciones

técnicas. También muchas pólizas de crédito, préstamos y cuentas corrientes no precisamente

boyantes. Las entidades bancarias tendrán que embargar mesas de mezcla, micrófonos y

transmisores, a las empresas que no se les permita desarrollar su actividad, porque la voces, el

talento y las audiencias no son embargables.

En 2004 eran 42 las frecuencias que el Ejecutivo no sacó a concurso. Posteriormente, el Plan

Técnico Nacional amplió esa cifra a 156, entre otras cosas por las acciones llevadas a cabo por la

asociación, sin que hasta la fecha haya sido convocado el concurso. La junta directiva de este grupo

de emisoras independientes ha mantenido contacto permanente con el Gobierno de Canarias, tanto

el que presidió Adán Martín como el actual ejecutivo de Paulino Rivero, y con el Gobierno de la

nación. El ex delegado en Canarias, José Segura, acompañó a directivos de Radican durante su

entrevista con el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros.

Radican, o al menos la mayoría de sus asociados, cree que la regulación del espacio radioeléctrico

en Canarias pasa por la urgente convocatoria de concursos de adjudicación. Y no estamos solos,

miles de puestos de trabajo y cientos de miles de oyentes nos acompañan en la reivindicación.

Aún siendo distinto el caso canario al resto de regiones en España, lo que no cabe duda es que la

nueva ley y la aplicación de algunas de sus consecuencias afectará por igual a emisoras de Teruel,

Granada o Tenerife. No servirá alegar que en las islas no se convocan concursos desde hace dos

décadas mientras que en el resto de autonomías sí se han resuelto convocatorias casi anualmente.

No valdrá argumentar que muchas emisoras llevan más de 15 años emitiendo con el consentimiento

de las administraciones.

Las quejas de la asociación de radios en España, AERC, integrada por la SER, Cope, Onda Cero,

etcétera, han logrado su legítimo objetivo –y en ocasiones hipócrita-, de impedir las emisiones sin

licencia. Incluso estas grandes cadenas utilizan frecuencias en las que emiten sin permiso

gubernamental. Lo que no parece tan lógico, y refleja el doble juego mostrado por algunos políticos

y empresas nacionales de radio, es que la diputada Ana Oramas diga en el Congreso que "en mi casa

oigo a las ilegales y no puedo oír a las legales porque su espacio lo ocupan las ilegales". O que, para

apoyar el proyecto de la LGCA, afirme que “esto va en serio. Vamos a acabar con la ocupación

ilegal del espacio radioeléctrico". Cuántas entrevistas fueron realizadas en esas radios -que ahora

considera perjudiciales y “piratas”-, a la actual diputada cuando fue alcaldesa de La Laguna o

cuando era candidata por Coalición Canaria. ¿Dónde sonaba las campañas de publicidad de su

candidatura? Ana Oramas debería haber requerido hace años al Gobierno canario, que también

preside su partido, que sacara las frecuencias de que dispone a concurso, para así regular el espacio

radioeléctrico.

Al mismo tiempo habría que dar cabida a las emisiones de entidades de carácter cultural,

negociando con el Estado qué frecuencias y con qué potencias deben emitir esas radios ahora

desamparadas al no existir previsión dentro del PTN. Quizás podrían ocupar las frecuencias ya

asignadas a los ayuntamientos y que en la actualidad no emiten ni se proponen hacerlo por falta de

partidas presupuestarias para ello. Eso sí, las emisoras culturales deben responder a perfiles

auténticamente culturales, fiscalizadas para impedir que finalmente se conviertan en radios

comerciales o que respondan a intereses políticos determinados, como sucede en la actualidad.

Los miembros de la Asociación de Radios Independientes de Canarias esperan que Paulino Rivero

se pronuncie sobre la amenaza de cierre que llega desde el Congreso de los Diputados en Madrid.

Fue el presidente el que se comprometió a sacar adelante en 2009 el concurso de adjudicación. El

decreto 89, publicado en junio del pasado año, aprobó el reglamento de la concesión administrativa

del servicio público de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia en

Canarias. Sólo queda un paso, convocar el concurso para posibilitar a cientos de empresas de radio

canarias (y las grandes cadenas que también querrán más trozos del “pastel radiofónico”),

consolidar definitivamente sus proyectos. Hay que acabar con la incertidumbre, las amenazas

continuas de las distintas administraciones, y las hipócritas denuncias de las radios “oficiales”. El

problema se acaba, señor presidente del Gobierno canario, convocando el concurso.

Javier Zerolo

*Director de Mega Latina

*Presidente de la Asociación de Radios Independientes de Canarias