LA RANILLA

La organización no gubernamental La Mesa del Puerto de la Cruz cerró el pasado año con 1.250 familias demandantes de ayuda social de emergencia procedentes de todos los municipios de Tenerife, que representa un considerable aumento con respecto al último trimestre de 2008, cuando inició su actividad con 65, que estaban censados en la ciudad. En pasado ejercicio repartió 250 toneladas de alimentos o víveres y 28.000 litros de agua.

A pesar de esa gran labor durante 15 meses no ha recibido ni un céntimo de ningún ayuntamiento del Norte de Tenerife (15 ayuntamientos, del total de 31 de la Isla) hasta finalizar 2009, aunque, como aspecto positivo destaca el acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. No obstante, señala la conveniencia de procurar acuerdos
con otros municipios de procedencia de los demandantes de ayuda, como Icod de los Vinos y Santa Úrsula, por citar dos ejemplos. En este sentido, valora la disposición de los ayuntamientos de Los Realejos, Santa Cruz y la reciente firma de un acuerdo con la administración de Granadilla para la apertura de una sede este mes de enero, dado que atiende a 150 familias, que deben efectuar un viaje de tres horas al Puerto de la Cruz para recibir su ayuda.La entidad propone a los municipios el pago de una cuota de 6,50 euros por cada familia, independientemente de los miembros que tenga. Con esa cantidad y las donaciones que reciben podría dar comida a la gente necesitada cada semana, lo que propiciaría una gran tranquilidad para la gente y no estar a expensas de la incertidumbre de si se consigue o no recursos para continuar el reparto.

La presidenta y secretaria de La Mesa, Alicia Muñoz e Ingrid Luttgenau, respectivamente, ponen de relieve que cada semana llegan a La Mesa entre 30 y 40 familias de toda la Isla a recoger alimentos y adelantan que el 40% de los demandantes de ayuda presentan un perfil de edad comprendido entre los 29 y 40 años.

Cuando La Mesa abrió sus puertas en la calle Teobaldo Power del Puerto de la Cruz el 24 de septiembre de 2008 sólo había peticionarios de la ciudad turística, pero desde enero del pasado año atiende a familias y personas individuales del resto de la Isla. Ingrid Luttgenau señala que “no podemos cerrar los ojos ante la necesidad social y hemos de dar respuesta urgente a las peticiones de ayuda, mientras se solventan los aspectos burocráticos en las diversas administraciones que tratan estos casos”.

Apuntan que los casos de picaresca son “anecdóticos e inapreciables”, porque quienes hayan defraudado la buena fe de la institución, desisten, por que “aquí no repartimos artículos de lujo, ni tabaco ni alcohol, sólo alimentos. Nosotros solemos pedir documentación que acredite la situación real del demandante de ayuda”.
Las responsables de La Mesa insisten en la variedad y calidad de los víveres que se distribuyen, y se tiene en cuenta las necesidades de los mayores y de los niños. Aprecian un aumento de las donaciones, aunque consideran que todavía resultan insuficientes para afrontar los gastos que se derivan del mantenimiento de la entidad, que se sitúan en torno a los 4.000 euros. La Mesa tiene que hacer frente a los gastos de alquiler de local y de vehículos, aunque en este segundo caso, precisa que la empresa suele darle un trato preferencial, con mejores precios o exención de algunos pagos.